Más de 45.000 firmas, obtenidas principalmente a través de la página web de Greenpeace, han sido enviadas a Pedro Castro Vázquez, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios y Provincias, para pedir una acción decidida que evite la utilización de madera ilegal en las obras, suministros y servicios en los municipios españoles. La semana pasada se entregaron al Comisario Europeo de Medio Ambiente, Stavros Dumas, otras 66.000 firmas recogidas en toda Europa que solicitan una ley que prohíba el comercio de madera y productos derivados procedentes de las talas ilegales.

Cada año, la Unión Europea importa millones de toneladas de madera de regiones como la Amazonia, el Congo, Rusia o el Sureste Asiático, donde la tala ilegal y destructiva es un problema grave. Estas prácticas, además de suponer la pérdida irreparable de biodiversidad y culturas indígenas, son la antesala de la deforestación, causa de la emisión a la atmósfera de casi una quinta parte de los gases de efecto invernadero globales.

“Más de un 30% de las importaciones españolas de madera proceden de talas ilegales en la Amazonia, África tropical, el Sureste Asiático, Europa Oriental o Rusia” ha denunciado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La demanda de madera y papel baratos está alimentando la destrucción de los bosques, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y agravando el cambio climático. Además, la madera importada de origen ilegal supone una competencia desleal con la producción de los montes españoles”.

El comercio mundial de madera extraída ilegalmente es un negocio que mueve grandes cantidades de dinero. El Banco Mundial estima que la talas ilegales provocan en los países productores pérdidas de 10.000 millones de euros al año, lo que supone una importante reducción de fondos para servicios sociales y esfuerzos por reducir la pobreza. Se estima que aproximadamente 6% de esta cifra puede deberse al mercado español.

Por este motivo en las próximas semanas la Comisión Europea debe tomar una decisión importante para combatir la deforestación y la tala ilegal. Dentro del Plan de Acción FLEGT contra la tala ilegal, la Comisión deberá presentar una propuesta legislativa que prohíba la presencia en el mercado europeo de madera y productos derivados procedentes de las talas ilegales.

Además de esperar una postura decidida por parte de la Comisión Europea, la organización ecologista Greenpeace, respaldada por las firmas de 46.000 ciudadanos españoles, ha solicitado a la Federación de Municipios y Provincias el apoyo para pedir a la Comisión Europea una ley que prohíba la presencia en el mercado europeo de madera ilegal. También, Greenpeace espera  un compromiso real de la Federación para que los municipios españoles trabajen para evitar que en obras y suministros municipales pueda ser utilizada madera procedente de la deforestación tropical, la tala ilegal, la degradación de los bosques primarios y el cambio climático.

“Aunque importantes, las políticas de compra verde de la Administración Pública y el compromiso del sector empresarial están demostrando ser insuficientes. Es urgente abordar este problema con una ley que prohíba la entrada en la UE de los productos forestales de origen ilegal”, ha señalado Soto.

(Greenpeace, 09/07/2008)