La transparencia no existe para muchos asuntos en el SAG, la repartición pública chilena encargada del área de agricultura y ganadería, dependiente del Ministerio de Agricultura, que está reteniendo el acceso del público general a un estudio realizado con fondos estatales el año 2006 sobre presencia de residuos de plaguicidas en la fruta que consumimos los chilenos. Es importante aclarar que los productos de agroexportación por lo general cumplen con normas exigentes de los mercados europeos y norteamericanos, pero el tratamiento con agrotóxicos que reciben los productos que van al mercado interno muchas veces se realiza con productos más peligrosos y en supermercados y ferias del país, se consume fruta con cantidades inaceptables de residuos de plaguicidas. Pero hasta ahora no hay cómo probar eso.

La Red de Acción en Plaguicidas ha estado intentando infructuosamente acceder a la información sobre el estudio por más de un año. Ese fue uno de los puntos tratados en una reunión que tuvo lugar el pasado 20 de mayo esa entidad, junto a otras organizaciones sociales y ambientales, en la Presidencia del Senado. Accediendo a una petición de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (Red de Acción en Plaguicidas de Chile), el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, ofició de inmediato a la Ministra de Agricultura, Marichen Hornkohl, para que envíe a la Cámara Alta un estudio realizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en 2007 sobre residuos de plaguicidas en verduras producidas para el mercado nacional.

Ha trascendido que sus resultados confirman la presencia de residuos de diversos plaguicidas - entre ellos, metamidofós, un insecticida organofosforado altamente tóxico - en varios productos de consumo diario, como tomate, lechuga y repollo. Los resultados del estudio “Desarrollo y Aplicación de Buenas Prácticas de Manejo Agrícola para el apropiado uso de indicadores de contaminantes agroquímicos y con coliformes fecales en la producción hortícola para el mercado nacional entre las I y VII Regiones”, que le costó 150 millones de pesos, a todos los chilenos pues fue hecho con fondos públicos, permanecen secretos aunque son de interés para los consumidores chilenos.

Este fue uno de los temas abordados en una reunión del Presidente del Senado con los representantes de la Alianza realizada el 20 de mayo en el Congreso Nacional. Participaron en esta audiencia María Elena Rozas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-Chile); Alicia Muñoz, secretaria general de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) y Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). El senador Zaldívar coincidió con estos dirigentes sobre la necesidad de asegurar la transparencia en la gestión de gobierno. “Los informes que se realizan con fondos públicos deben darse a conocer, la autoridad no puede guardarlos”, afirmó el parlamentario..

Transgénicos
La Alianza por una Mejor Calidad de Vida entregó al Presidente del Senado un dossier sobre transgénicos, mostrando su preocupación por la aprobación en primer trámite constitucional en la Cámara Alta, en enero pasado, de un proyecto de ley (Boletín 4690-01) para liberar esos cultivos, con efectos que serán graves e irreversibles. Actualmente sólo está autorizada en Chile la reproducción de semillas transgénicas para exportación.

La expansión de cultivos genéticamente modificados en el país provocará contaminación genética de otros cultivos, afectando la exportación de semillas convencionales y, en especial, la producción orgánica. Alicia Muñoz expresó que en diversos países latinoamericanos se puede observar el nocivo efecto del avance de cultivos transgénicos, como la soja, que ha provocado mayor emigración hacia los centros urbanos y más pobreza rural, con graves consecuencias para la salud de los campesinos y el ambiente. Las organizaciones sociales están denunciando estos hechos en todos los foros internacionales.

María Elena Rozas denunció las prácticas de transnacionales monopólicas, como Monsanto, que sobornan gobiernos, funcionarios, investigadores, entre otros actores influyentes, para forzar el avance de estas leyes. Por su parte, Lucio Cuenca denunció los manejos de estas empresas que dividen a las comunidades -como se vio claramente en el caso CELCO con los pescadores de Mississipi y en la IV región con el proyecto Pascua Lama de Barrick - provocando graves conflictos en la convivencia y daños ambientales por los cuales nadie se hace responsable. Destacó, además, que Chile no ha firmado el Protocolo de Cartagena de la Convención de Bioseguridad.

Plaguicidas
Asimismo, los representantes de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida hicieron presente que están promoviendo la calificación de urgencia para agilizar la tramitación de un proyecto de ley que prohíbe los plaguicidas más dañinos para la salud y el ambiente (1a y 1b). Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el 2007. La iniciativa se originó en una moción presentada por el diputado Marco Enríquez-Ominami y otros parlamentarios (Boletín 4877-01) y prohíbe el almacenamiento, transporte y venta de los plaguicidas catalogados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como sumamente peligrosos (1a) y muy peligrosos (1b), “salvo aquellos que el Servicio Agrícola y Ganadero autorice y se consideren de uso imprescindible e insustituible”.

Adolfo Zaldívar aseguró a los dirigentes ambientales y sociales que los expertos que ellos recomienden tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista en las Comisiones del Senado donde se analizarán estas materias. Se comprometió a estudiar todos los antecedentes entregados, sosteniendo que la globalización es una herramienta que debe utilizarse sin que los pueblos pierdan su identidad, y expresó que suscribe por completo los planteamientos del gaucho Martín Fierro, protagonista de la obra de José Hernández (siglo XIX).

(REL-UITA, La Biodiversidad, 10/06/2008)