Las comunidades indígenas, ejidales y comunales del territorio nacional están siendo despojadas de sus recursos naturales a través de contratos de arrendamiento hasta por 60 años de vigencia que los tres niveles de gobierno están firmando con empresas transnacionales de España, Francia y Estados Unidos, “las cuales pagan una renta de 150 pesos anuales por hectárea”.

Así lo denunciaron hoy Faustina López Martínez, de la Asamblea en Defensa de la tierra y el Territorio; Bettina Velásquez, del Colectivo Magisterial y Popular “14 de Junio”; Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; Javier Balderas Castillo, del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y Marco Antonio Velásquez, Secretario Técnico del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).

En conferencia de prensa en el auditorio del Centro Pro, subrayaron que el despojo y privatización están tomando forma en los contratos de arrendamiento de tierras, amañados y leoninos, que transnacionales españolas como Unión Fenosa, Gamesa, Endesa, Eoliatec, Preneal, Iberdrola, las estadounidenses General Electric y Enron, y Energía de Francia, continúan imponiendo a comuneros y ejidatarios con durabilidad de 30 años renovables automáticamente por otros 30 años, “a cambio de del pago de 150 pesos anuales por hectárea”.

El director del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Javier Balderas refirió que el Istmo de Tehuantepec está enclavado en una zona geográfica mundial sumamente importante para todo lo que significa el desarrollo capitalista neoliberal, donde se realiza un proyecto para generar electricidad a partir del aire (eólica).

Al señalar que hace 16 años, desde que conocimos lo que era el proyecto “Alfa Omega”, posteriormente el “Megaproyecto Transistmico” y con la llegada de Vicente Fox lo que se denominó el “Plan Puebla Panamá”, Balderas indicó que uno de los puntos más fuertes es la supercarretera entre la Ciudad de México y Tapachula, la cual está planeada para llegar hasta Panamá.

“En estos momentos todavía hay una fuerte resistencia de nuestros pueblos de nuestra región en contra de esta supercarretera, donde les están pagando un peso con 50 centavos el metro cuadrado. Y esto no tiene mucha diferencia con los 150 pesos por hectárea, que están pagando estas empresas transnacionales a cada uno de nuestros ejidatarios o comuneros por el Proyecto Eólico en el Istmo de Tehuantepec”, precisó Balderas.

Entonces, entre lo que paga el Estado y lo que pagan las empresas transnacionales no hay mucha diferencia. Es una miseria, y esto ha sido constante los últimos 16 años, durante los cuales se han violado flagrantemente los derechos humanos, los derechos colectivos de las comunidades, que las autoridades municipales, estatales y federales se han pasado por el arco del triunfo, sostuvo Balderas.

“Vienen sobre los demás recursos”, advirtió Balderas al destacar que el Istmo de Tehuantepec ha venido siendo avasallado con estos proyectos, que no tienen otra finalidad más que llevarse nuestros recursos naturales, tanto los tangibles como es la tierra, como los intangibles como es la medicina, la cultura y el aire.

Enfatizó que el aire en el Istmo de Tehuantepec vale oro, así como el petróleo que es el oro negro, también el aire es oro. Por qué, porque dentro de las expectativas que tiene el Estado mexicano y la iniciativa privada, sobre todo española, es que en el Istmo de Tehuantepec se pueda generar casi la misma cantidad de energía eléctrica que genera ahorita todo el sistema de hidroeléctricas en el estado de Chiapas.

Balderas informó que en los tribunales civiles de Oaxaca de han presentado 175 demandas iniciales de nulidad para que estos contratos leoninos, no pasen. Hay de flagrante violación al derecho, dijo y advirtió que “no confiamos y por eso hemos decidido salir ante la opinión pública nacional e internacional porque el contubernio que hay entre los gobiernos municipales de Juchitán, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y el gobierno de Felipe Calderón, quiere imponer el proyecto eólico.

Entonces, denunciamos al poder judicial del estado de Oaxaca para que se apegue a derecho y realmente con todos los elementos que hemos aportado se pueda emitir la sentencia de nulidad de estos contratos, y por otro lado también dentro del marco de la ley decimos que vamos a interponer la reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo para finales de junio próximo, dado que se violó flagrantemente este derecho de los pueblos indígenas a ser informados con sus propios métodos de acuerdo a las normas que establece la ONU y a ser consultados también de acuerdo a sus propias formas de organización que tienen nuestros pueblos originarios para tomar decisiones.

Por su parte, el Secretario Técnico del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Marco Antonio Velásquez dejó claro que lo anterior no es una excepción, pues este tipo de situaciones que hoy nos exponen los compañeros del Istmo se vienen presentando con demasiada frecuencia en todo el territorio nacional, igual en el caso de las gaseras en el norte del país, en la zona de Ensenada, en Acapulco con las comunidades afectadas por los intentos de construcción del megaproyecto de presa hidroeléctrica La Parota, igual que en Jalisco y Nayarit con otras presas similares.

Entonces, “no es una excepción ni una casualidad, no se trata de unas pocas empresas que malévolamente quieren despojar a las comunidades. Se trata de una política aplicada deliberadamente en complicidad de los gobiernos municipales, estatales y del gobierno panista federal que ha usurpado el poder con la clara intención, con la clara protección de las corporaciones transnacionales para llevar adelante sus negocios”, enfatizo el dirigente de RMALC.

Velásquez abundó respecto a que para las políticas neoliberales en boga no solamente en México, sino en todo el mundo y en completa connivencia con la política norteamericana de ampliación del libre comercio, esto tiene que ver “con la filosofía de que todo lo que ven, todo lo que ven en la naturaleza, todo lo que son recursos naturales y humanos, lo quieren convertir en mercancía. Es como querer hacer realidad aquella vieja leyenda del Rey Midas que todo lo convertía en oro, pero estos lo quieren convertir todo en mercancía pasando sobre los derechos humanos y sociales de la población”, remarcó.

Entonces, informó Marco Antonio Velásquez, frente a ello está un movimiento de resistencia como el de los compañeros de las comunidades en el Istmo. Hay movimientos también de las comunidades contra la Presa de La Parota; contra la Presa Arcediano en Jalisco, y en todo Centroamérica. En toda la región del Plan Puebla Panamá, hay movimientos de resistencia.

Anunció que en julio se llevará a cabo el Cuarto Foro Mesoamericano, que es un espacio de articulación de los movimientos de resistencia en toda la región, y junto con las comunidades del Istmo, junto con los compañeros del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, con esta conferencia de prensa “estamos iniciando una campaña nacional de información para prevenir a otras organizaciones que pretenden ser engañadas por las empresas transnacionales”.

(Por Sergio Ramírez Zúñiga, Eco Portal, 14/05/2008)