El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está actuando con una gran improvisación y una enorme falta de transparencia en el asunto del escape radiactivo de la central nuclear de Ascó-1. Greenpeace pedirá a la Fiscalía de Tarragona, que ya ha iniciado diligencias penales al respecto de este suceso, que incluya en su investigación la actuación del CSN en este accidente.

Una de las pruebas más claras de esa improvisación es la desconcertante actuación del CSN para estudiar el potencial impacto radiológico a las personas de la radiactividad liberada. Desde que Greenpeace informara a la opinión pública el pasado 5 de abril de la existencia de dicho escape radiactivo, el CSN ha pasado de, en primer lugar “descartar riesgo radiológico en Tarragona” (comunicado de prensa del CSN del 7 de abril), a decir que se realizarían mediciones radiológicas a 800 personas (comunicado de prensa del 14 de abril), para luego subir la cifra a unas 1.500 (rueda de prensa del CSN del 22 de abril) y ahora, nuevamente, incrementar esa cifra en otras 912 hasta un total de 2.412 personas (comunicado de prensa del CSN de 30 de abril).

Greenpeace exige al CSN que explique claramente por qué motivo está aumentando continuamente el número de personas sometidas a exámenes radiológicos y que aclare públicamente cuál es su plan de actuación al respecto.

El CSN debería explicar además a la ciudadanía la importancia más bien relativa de estas mediciones ya que, según se ha estudiado científicamente, la permanencia en el cuerpo humano del cobalto 60, por término medio y sin hacer uso de medidas suplementarias para su eliminación, no supera las dos o tres semanas a lo sumo (véase, por ejemplo, el informe técnico TM 2002-042, publicado por el Departamento de Investigación y Desarrollo para la Defensa de Canadá, sobre la eliminación de radionucleidos del cuerpo humano). Algo de gran importancia en el caso del accidente de Ascó, ya que los ciudadanos deberían haber sido informados de que las medidas de contaminación interna que se están llevando a cabo últimamente, a petición del CSN, entre las personas potencialmente afectadas por el accidente.

Aún siendo de utilidad para verificar que no existen en la actualidad personas contaminadas internamente, no servirán de mucho para descartar por completo que no hayan podido resultar contaminadas con anterioridad, en los cuatro meses transcurridos desde la emisión de la radiación, porque de haber sido por Cobalto-60 a estas alturas no existirían restos importantes de radiactividad en su cuerpo (aunque ésta ya hubiera podido producir efectos negativos para su salud, que podrían tardar un tiempo en aparecer)

El Cobalto-60 es uno de los isótopos más peligrosos por sus efectos biológicos, como lo atestigua el hecho de que su Límite de Incorporación Anual (LIA) es de los más bajos en la reglamentación. El Co-60 emite radiación beta, seguida de dos picos de radiación gamma, con una energía total muy elevada (de 2.82 Megaelectron-voltios, Mev).

La falta de transparencia del CSN en este asunto es muy preocupante. No sólo por el hecho de que el escape de radiactividad se produjo en noviembre de 2007 y el CSN (y tampoco la central nuclear de Ascó), que lo sabía con cierta anterioridad, no informó de ello a la opinión pública hasta que Greenpeace lo hizo el pasado 5 de abril. También porque, a pesar de que ha pasado casi un mes desde que trascendiera la existencia del escape, y de haber emitido varias notas de prensa desde entonces, el CSN aún no ha proporcionado ninguna explicación convincente de por qué y cómo se produjo el accidente en Ascó-1, y tampoco ha comunicado cuanta radiactividad se liberó en el escape.

“En lugar de dar a conocer la cantidad total de radiactividad que salió al medio ambiente, el CSN se ha limitado a dar, en cuenta gotas, información sobre el número de partículas radiactivas encontradas, y últimamente ni siquiera eso”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

El conocimiento preciso de la cantidad de radiactividad emitida al medio ambiente y del inventario de los elementos radiactivos liberados en el escape del 29 de noviembre de 2007, es esencial para valorar el riesgo radiológico al que se ha sometido al público, a los trabajadores y al medio ambiente. Además, es básica a los efectos de la cualificación de las infracciones que haya podido cometer la central nuclear en virtud de lo dispuesto en los artículos 87.3 y 4 de la Ley 25/1964, sobre la energía nuclear, en la redacción que se da a este artículo en el artículo 12 de la Ley 33/2007.

Greenpeace espera que aporte luz sobre este accidente la visita de inspección de un equipo de técnicos de la Comisión Europea para investigar lo sucedido (visita realizada a principios de esta semana, tras la solicitud efectuada por Greenpeace el pasado 22 de abril, apelando a los artículos 35 a 37 del Tratado Euratom.

Greenpeace espera que el informe que realice la Comisión Europea tras su visita sea exhaustivo y aclare, con prontitud, todos los aspectos del accidente que hasta el momento el CSN sigue sin desvelar.

Así, por ejemplo, es de esperar que la Comisión Europea informe de la cantidad total de partículas radiactivas detectadas dentro y fuera del emplazamiento de la central nuclear; que valore la validez de los métodos de detección de las partículas y de la posterior caracterización de las mismas; que proporcione una lista de cada una de esas partículas, así como de su caracterización radiológica y su nivel de radiación; que aclare si se ha respetado estrictamente los límites de radio protección establecidos en la legislación para el público y trabajadores; que informe de la causa raíz real del accidente y sobre la adecuada actuación de los operarios de la central nuclear;  que concrete si se han cumplido en su totalidad los procedimientos; que  valore si el adecuado el diseño de su sistema de ventilación; que aclare si hubo buena coordinación entre los inspectores residentes del CSN en la central y el propio Consejo,  etc..

Y muy en especial, Greenpeace espera que la Comisión Europea se pronuncie sobre la validez de los exámenes radiológicos llevadas a cabo por el CSN, varios meses más tarde de cuando se produjo el escape de radiación al medio ambiente, pretendiendo buscar  partículas radiactivas de Cobalto-60 cuando éstas tienen un tiempo de vida media de residencia en el cuerpo humano (vida media biológica) de unos 9 días.
 
(Greenpeace, 01/05/2008)