En la víspera del 22º Aniversario de la tragedia de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986, la industria nuclear sigue atascada entre diversos escándalos debidos a accidentes, el fiasco económico del reactor nuclear de Olkiluoto-3, en construcción en Finlandia, y revelaciones de problemas de seguridad en el de Flamanville-3, en estado de construcción incipiente en Francia, que han hecho naufragar el auto-proclamado “renacimiento” de la industria nuclear.

El escape al medio ambiente de partículas de material altamente radiactivo (principalmente de cobalto-60) por la central nuclear de Ascó-1, propiedad de Endesa e Iberdrola, ocurrido en noviembre de 2007 y del que sólo se ha tenido conocimiento meses después (a través de Greenpeace, que lo denunció el 5 de abril, inmediatamente después de ser alertada por algunos trabajadores), es una nueva demostración de la política secretista de la industria nuclear y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). También es una prueba más de la inaceptable peligrosidad de la energía atómica.

El coste en vidas humanas del accidente de Chernóbil de 1986, la mayor catástrofe nuclear hasta ahora conocida, se cifra ya en más de 200.000, según estudios publicados en 2006, entre ellos de la Academia de Ciencias Rusa. La posibilidad de que se produzca un grave accidente de consecuencias aún peores que el de Chernóbil ha aumentado en los últimos años debido a la coincidencia de una serie de factores que afectan negativamente a la seguridad: el envejecimiento de los reactores, los fallos propios de una tecnología intrínsecamente peligrosa y la cada vez menor Cultura de Seguridad de los operadores de centrales como consecuencia de la falta de competitividad de la energía nuclear en un mercado eléctrico liberalizado.

En el parque nuclear español se unen todos esos factores. El caso de Ascó-1 es un claro ejemplo de la falta de preocupación por la seguridad, un problema que se repite desde hace años. Así, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), que gestiona las centrales de Ascó-1, Ascó-2 y Vandellós-2, ya fue sancionada en 2006 por un grave suceso ocurrido en 2004 en esta última central. El CSN lo calificó como “el más grave después del accidente de Vandellós-1” (ocurrido en 1989), ya que afectaba al sistema de refrigeración del núcleo del reactor. El CSN reconoció, en 2005, en una investigación en el Congreso de los Diputados, que ANAV priorizó sus intereses económicos a la seguridad y mantuvo Vandellós-2 funcionando durante meses en condiciones de “seguridad degradada”.

“La energía nuclear, además de peligrosa y sucia, ha demostrado no ser competitiva. Por ello, los propietarios de centrales nucleares tratan de maximizar beneficios a costa de reducir los márgenes de seguridad, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente grave”, -ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

La media de edad de todas las centrales españolas es de casi 25 años (su vida útil técnica) y todas presentan, en mayor o menor medida, problemas de envejecimiento. En especial, la central de Santa Mª de Garoña (Burgos), la más antigua en funcionamiento (inaugurada en 1971), sufre graves problemas de agrietamiento por corrosión en diversos componentes de la vasija del reactor, fundamentales para la seguridad. Además, su aportación eléctrica es marginal (menos del 1,3% del total) y está más que compensada por la producción procedente de las renovables.

El Gobierno socialista de Zapatero debe cumplir su compromiso de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva y sustituir su aportación energética por “energías limpias, seguras y menos costosas”, como aseguró en su programa electoral de las Elecciones Generales 2008.

“El Gobierno socialista puede cerrar las nucleares fácilmente pues la viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica basada al 100% en energías renovables es un hecho ya comprobado científicamente”, -ha declarado Juan López de Uralde, Director Ejecutivo de Greenpeace. “Sólo hace falta tener la voluntad política para hacerlo. Zapatero tiene que decidirse ya entre respetar la palabra dada a los ciudadanos o sucumbir a las presiones del looby nuclear”.

Como demuestra el caso de Alemania, con técnicas de eficiencia energética y con renovables se lograrían reducciones de emisiones de CO2 más importantes y de forma mucho más rápida y menos costosa, que apostando por la energía atómica. La exitosa experiencia de Alemania se contrapone con el fiasco de crecientes proporciones de los dos proyectos estrella de la industria nuclear: el de Olkiluoto-3, en Finlandia, y el de Flamanville-3 en Francia.

La central de Olkiluoto-3, el buque insignia del pretendido “renacimiento” nuclear, hace aguas por todos lados. Su construcción se inició en 2005 y se afirmó que se construiría en un tiempo récord de 4 años: oficialmente se reconoce que acumula ya 2 años de retraso sobre el calendario previsto (el tiempo medio de construcción de los reactores nucleares terminados entre 1995 y 2000 fue de 116 meses, es decir cerca de 10 años) y que tiene un sobrecoste de 1.500 millones de euros sobre los 2.500 M€ presupuestados.

En Francia, después de tan sólo tres meses de construcción de la central nuclear de Flamanville 3, inspectores de la Agencia gala de Seguridad Nuclear (ASN), han destapado el encubrimiento de una gran cantidad de problemas de seguridad en el reactor EPR (siglas del European Pressurised Reactor), que promueve la compañía estatal francesa Areva como su diseño de reactor más barato, seguro y fiable. Algunos ejemplos de estos problemas son: deficiencias en el hormigonado de la base del reactor, aparición de grietas en la losa base de hormigón del reactor, las soldaduras del revestimiento metálico de la contención han sido realizadas por una empresa no cualificada, un cuarto de las soldaduras son deficientes, etc.

(Greenpeace, 25/04/2008)