Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley que busca la liberalización de los transgénicos en nuestro país. Senadores de la Alianza por Chile, de la Concertación e independientes presentaron, el 2006, el proyecto, próximo a aprobarse. “Yo llamaría a esta moción, la moción Monsanto”, dice María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL). La moción se discutirá a pesar que el tema “no está presente en el debate nacional” y no es “de necesidad urgente”. Lo único que lo explica es la presión de las transnacionales de los transgénicos que quieren la liberalización total. Detrás está Monsanto.

Monsanto, dueña de Semillas Seminis, Agrosearch, Limagrain, Pioneer y Ventrabioscience -las transnacionales que dominan el mercado exportador de semillas transgénicas en Chile-, controla el 90 por ciento de la producción de transgénicos en el mundo, según una investigación de la periodista francesa Marie-Monique Robin, presentada en el documental “El Mundo según Monsanto”. Según la investigación el crecimiento de cultivos transgénicos es monstruoso: En 2007 ya cubrían 100 millones de hectáreas.

La lista de horrores de Monsanto es conocida. En su sede de Saint Louis, estado de Missouri (EEUU) se fabricó el “Agente Naranja” utilizado como “herbicida” en la guerra de Vietnam y cuyos horrores aún se pueden ver en el Museo de Ho Chi Minh, ex Saigón. “El Mundo según Monsanto” revela vínculos de la transnacional con los gobiernos de Bill Clinton y Tony Blair. Además que el ex secretario de Defensa de la administración de George W. Bush, Donald Rumsfeld, trabajó como director de la División farmacéutica de Monsanto.

La Asociación Médica Británica, el Consejo Nacional de Investigación de EEUU, el Crii-Gen de Francia y otras instituciones aconsejan “prohibir el uso de transgénicos y sus productos”, e investigar “los impactos de largo plazo en la salud y el ambiente”. Según el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), la contaminación con transgénicos “pone en peligro una biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de la humanidad”.

La Ley de Introducción de Transgénicos

El diputado Marco Enríquez-Ominami (PS), la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile) y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), se oponen al proyecto de ley que intenta la liberación de semillas transgénicas en nuestro país.

“La falta de rigor del gobierno en materia agrícola perjudica a los productores agrícolas, ya que en este caso la inoperancia abre camino al ingreso de cultivos transgénicos al país. Este es un camino sin retorno, debido a los efectos irreversibles de los transgénicos en la agricultura y el medio ambiente. El tema se debate en todo el mundo, mientras en Chile hay desconocimiento sobre los efectos y riesgos de la introducción de transgénicos”, dice Enríquez-Ominami. “Es inaceptable que la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, omitiera el tema al dar a conocer el plan de trabajo de su cartera”, agrega.

Actualmente nuestro país autoriza la producción de semillas transgénicas “para la exportación”. Según María Elena Rozas, cada vez hay más evidencias respecto de los daños que producen los transgénicos en la salud de los consumidores. Afirma que un estudio en ratas de laboratorio, alimentadas durante la gestación con soya transgénica RR -de Monsanto-, concluyó con más de la mitad las crías muertas en las tres primeras semanas de vida. “Nos preocupan los efectos de la contaminación de cultivos convencionales con transgénicos y los daños que ello acarreará a los agricultores orgánicos. En países como España y México la coexistencia entre ambos tipos de cultivos se ha demostrado imposible”, dice.

Por su parte, Camila Montecinos, experta en transgénicos y consultora de ANAMURI, critica que la ley no incluya sanciones por la contaminación de cultivos con transgénicos. Las autoridades tendrán apenas 60 días para aprobar la introducción de un cultivo transgénico y será sobre la base de información entregada por las propias empresas interesadas: “Más grave es que se incluye un mecanismo por el cual las transnacionales pueden cuestionar los decretos gubernamentales. Aunque la ley se denomina ‘de bioseguridad’, de seguridad no tiene nada. Debería denominarse claramente Ley de Introducción de Transgénicos. En lugar de traer un avance tecnológico, proporcionará mano de obra barata local para las transnacionales, tanto a nivel de productores como de investigadores que trabajarán para ellas”, dice.

“La liberalización de los cultivos transgénicos, en las condiciones que presenta esa ley, dejará al país en total indefensión en cuanto a proteger la salud y el ambiente”, dice el diputado Enríquez-Ominami. Si se aprueba la ley las empresas podrán cuestionar las clausuras de salvaguardas. Francia, en febrero pasado, congeló los cultivos de maíz transgénicos. Polonia, Alemania y Hungría ya lo habían hecho. Las organizaciones ciudadanas advierten que, además de que el proyecto no incluye sanciones en caso de contaminación de cultivos por transgénicos, las empresas podrán apropiarse de los cultivos contaminados.

Tras haber sido aprobado el primer informe en la Comisión de Agricultura, el proyecto continúa en trámite. De aprobarse la ley, advierten, el maíz que se come en Chile podría contaminarse, por ejemplo, con maíz transgénico que exporta Limagrain -que tiene un alto contenido de lipasa gástrica de perro-. Señalan que la contaminación que se podría generar debido a la liberación de cultivos transgénicos sería completamente irreversible.

Agrotóxicos, transgénicos y precariedad laboral

En Chile, los temporeros agrícolas -250.000 son mujeres- padecen una de las peores condiciones de precariedad laboral. Más de un 60 por ciento no tiene contrato laboral y es “enganchado” por contratistas, sufriendo incontables abusos, y el riesgo de enfermedades y muerte por el uso intensivo e indiscriminado de agrotóxicos. Muchos de estos son los de mayor peligro según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de los agrotóxicos usados en Chile pueden ser causa de abortos, cáncer, daños neurológicos, alteraciones reproductivas y malformaciones congénitas.

En enero, 13 temporeros resultaron intoxicados -por insecticida Zero 5 EC, un piretroide de ANASAC-, en un maizal transgénico en Pelarco, VII Región, mientras el Ministerio de Salud daba a conocer las cifras de intoxicados en 2007. El maizal de la Sociedad Agrícola Beyce, produce semillas para Massai Agricultural Services que exporta semillas híbridas y transgénicas, cuya producción de maíz y soja proviene -entre otros- de semillas importadas de Monsanto y Syngenta. Los cultivos transgénicos no disminuyen el uso de agrotóxicos. “Los trabajadores están sometidos a riesgos, y además, los cultivos tradicionales y nativos próximos podrían contaminarse”, dice RAP-Chile. El predio se ubica en la misma comuna donde, el 2004, temporeras de San Clemente sufrieron graves quemaduras. “Ese incidente rompió el secreto oficial, develando uno de los muchos lugares del país en que se cultivan transgénicos destinados a la exportación. Hay una intensa campaña del empresariado y el gobierno a favor del proyecto de ley aprobado en primer trámite por el Senado, que pretende liberar los cultivos transgénicos en el país”, agrega RAP-Chile.

La mayoría de las intoxicaciones por agrotóxicos en la actividad agrícola y forestal se produce entre septiembre y marzo. El año 2007, según cifras del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, fueron notificados 710 casos de intoxicaciones por agrotóxicos. La VII Región concentró 60 casos. El 2006, tasa más alta de envenenamientos lo tuvo la VI Región.

“Hay un cierto progreso en la reacción de los servicios públicos ante este tipo de emergencias, ya que cuando se produjo la intoxicación masiva de 2004, los fiscalizadores concurrieron a terreno sólo once días después. Esta vez, la fiscalización se inició de inmediato. Por lo general los sumarios sanitarios son muy limitados en sus resultados, y el problema de fondo permanece: grandes empresas insertas en el mercado global que obtienen enormes utilidades, ocasionando serios daños a la salud de las personas y sometiendo a la mano de obra a pésimas condiciones laborales”, señala RAP-AL.

Bachelet durante su campaña presidencial prometió que no permitiría la entrada de cultivos transgénicos.

Los cultivos transgénicos y su paquete tecnológico asociado, aumentan el hambre y destruyen la agricultura campesina porque:

- Estimulan los monocultivos que eliminan la biodiversidad.

- Aumentan el uso de agrotóxicos altamente venenosos para la salud humana y animal.

- Aumentan la contaminación de todos los recursos naturales.

- Intensifican la deforestación.

- No contribuyen a la creación de nuevos empleos, ya que este tipo de cultivos requieren poca mano de obra, y genera concentración de la propiedad de la tierra.

- Aumentan la expulsión de campesinos y campesinas del campo.

El proyecto que pretende aprobarse apunta, entre otros, a hacer factible la producción subsidiada de agrocombustibles anunciada por Bachelet hace sólo unos meses.

(Argenpress, La Biodiversidad, 14/04/2008)