El clima de España se africaniza. Con ese titular sintetizaba este diario en noviembre de 2007 el informe sobre cambio climático entregado al presidente Zapatero por un grupo de investigadores de diferentes universidades españolas. Y es que el incremento en la temperatura media de la atmósfera en las últimas tres décadas en la península Ibérica ha sido ya de 1,5º C, el doble del experimentado a nivel global en los últimos 150 años. Hacia el futuro las previsiones son inquietantes. Las señales de alerta son cada vez más numerosas e intensas. España necesita realizar un esfuerzo muy ambicioso, integral y sostenido en el tiempo para adaptarse a una variación climática que le va a afectar de lleno.

El año 2007 fue en gran medida el año del cambio climático. La conjunción del cuarto informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) enfatizando la gravedad del problema; el premio Nobel de la Paz entregado conjuntamente al propio IPCC y al ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore; el éxito de su película divulgativa Una verdad incómoda; el eco mediático del Informe Stern sobre los costes económicos de la alteración del clima; la cumbre internacional de Bali, etcétera, fueron hitos de un momentum único en los últimos veinte años, los transcurridos desde que los científicos emitieron su primer informe alertando del peligro de la alteración del clima de la Tierra.

La opinión pública europea está altamente sensibilizada ante el problema, lo que proporciona el aliento de fondo a la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo para progresar en la articulación y puesta en marcha de la política sobre energía y cambio climático más audaz e innovadora de las existentes a nivel internacional. Los objetivos vinculantes aprobados por la Unión para 2020 sobre eficiencia energética, mitigación de emisiones, energías renovables, biocombustibles y programas de investigación y desarrollo tecnológico son los mimbres de una importante transformación del sistema energético que va a tener lugar en el entorno europeo a lo largo de los próximos años y décadas. El último paso dado por la UE ha sido la consideración del cambio climático como un problema de seguridad para Europa, mensaje que ha sido presentado ante la cumbre de primavera por el Alto Representante para la Política Exterior, Javier Solana.

El vector energía-cambio climático se perfila como una de las líneas de más largo recorrido en la modernización e innovación económica europea. Y es que a la alteración del clima se une la dependencia energética de nuestro continente respecto a países situados en entornos geoestratégicos complicados, el fuerte encarecimiento del petróleo y el amplio rechazo social a la energía nuclear como alternativa a los combustibles fósiles. En esa encrucijada de caminos, la apuesta europea a medio y largo plazo por un modelo energético bajo en carbono basado en la eficiencia y en las renovables es la opción estratégica correcta para asegurar nuevas oleadas de prosperidad económica y bienestar a los 500 millones de personas de la Unión Europea.

De especial interés para nuestro país es el marco regulatorio estable europeo que se ha creado para las renovables, ya que la industria española se halla situada en el más alto nivel internacional en energía eólica y en un nivel francamente bueno en lo referente a solar fotovoltaica y solar termoeléctrica.

Dado ese contexto, para el nuevo Gobierno socialista de España surgido de las urnas el 9 de marzo es todo un desafío aprovechar el momento político y social creado por el cambio climático como ventana de oportunidad para mover el conjunto de la agenda ambiental. Es decir, para llevar a cabo una modernización ambiental de nuestro modelo de desarrollo que complemente los importantes progresos que se han alcanzado en los últimos años en crecimiento económico, generación de empleo, cohesión social, derechos civiles e igualdad de género.

Como viene insistiendo en sus informes independientes el Observatorio de la Sostenibilidad, España tiene pendiente un proceso de plena integración de la calidad ambiental y territorial de sus entornos urbanos y sistemas naturales en su modelo de desarrollo. Se necesita ir generando un amplio debate social sobre el modelo de desarrollo que se ambiciona para España una vez que el objetivo de convergencia en términos de renta per cápita con la UE sobre el que ha pivotado la política económica de las dos últimas décadas, se alcance en relativamente poco tiempo.

Y es que desde la perspectiva ambiental el balance del modelo de desarrollo que ha prevalecido desde 1990 no ha sido suficientemente positivo. Sin duda, ha habido avances en algunos aspectos relevantes -implantación de sistemas de saneamiento, mejor gestión de residuos, ampliación de los espacios naturales protegidos, mejor calidad del aire en algunos contaminantes, menor generación de suelos contaminados, progresos en la gestión del agua...-, pero la mayoría de los indicadores clave de estado y tendencia relacionados con el metabolismo ambiental de la economía, el consumo energético, la ocupación del territorio, la conservación de la biodiversidad, el modelo de movilidad, o la calidad ecológica de las masas de agua, distan mucho de ser positivos.

A modo de ejemplo, entre 1995 y 2005 la eficiencia energética de la economía española ha empeorado a diferencia de lo ocurrido en nuestro entorno cercano. La calidad del aire de las ciudades se aleja de los estándares planteados por Europa. El 48% del territorio sufre procesos erosivos superiores a los considerados tolerables. Entre 1987 y 2005 la superficie de suelo artificializada destinado a usos urbanos, industriales y comerciales ha aumentado un 40%, cuatro veces más que la población. Especies emblemáticas de vertebrados como el lince ibérico, el águila imperial, el oso cantábrico, el quebrantahuesos, el urogallo y el visón europeo se encuentran seriamente amenazadas. El modelo de movilidad sigue presentando una distribución modal muy desequilibrada.

Tal y como se ha señalado, progresar en la agenda de la sostenibilidad ambiental es un prerrequisito para minimizar nuestra vulnerabilidad hacia los impactos del cambio climático. La península Ibérica se encuentra en una de las zonas geográficas en la que los impactos de la alteración del clima pueden llegar a ser más severos. En consecuencia, se ha de ir preparando una política de largo alcance dirigida a fortalecer la resiliencia del sistema económico y del medio natural ante los impactos negativos asociados al aumento de la temperatura, la disminución de las precipitaciones, el incremento en la frecuencia y severidad de las sequías, la subida del nivel del mar y el retroceso de la línea de costa. Y una buena manera de fortalecer la capacidad de adaptación es ir poniendo fin a las principales presiones e impactos que siguen deteriorando el capital natural de este país.

El presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que el cambio climático va a ser una de las áreas temáticas que se van a reforzar en el nuevo programa de gobierno. Ojalá sea así. Hacer avanzar al conjunto de la agenda ambiental española aprovechando el momento creado por el cambio climático pasa, seguramente, por subir el perfil de lo ambiental dentro del nuevo Gobierno. La creación de una vicepresidencia de desarrollo sostenible y cambio climático podría ser una opción de arquitectura institucional para transmitir fuerza y convicción sobre la apuesta modernizadora en esa dirección.

En cualquier caso, será preciso tener una visión holística sobre el tema. Y es que este país sólo va a salir exitoso del reto sin parangón del cambio climático, tanto en la mitigación de emisiones como en la adaptación a los impactos, si es capaz de reinterpretar su modelo de desarrollo en clave de sostenibilidad.

Antxón Olabe es economista ambiental y analista de Naider.

(El Pais, Ecotícias, 03/04/2008)