El día 1 de febrero del 2008, la empresa Repsol, lanzó un boletín de prensa, a través del cual informaba sobre un derrame ocurrido el 30 de enero en el Bloque 16 fuera del Parque Nacional Yasuni; además indicaba que la situación estaba bajo control. El ministerio de Minas y Petroleos, sobre la base de la información reportada por Repsol, indicó que el derrame sería de 100 barriles.

Sin embargo, luego de la primera visita de inspección por parte de la Subsecretaria de Protección Ambiental, del Ministerio de Energía y Minas, realizada el 31 de enero, se precisó esta información: a) No eran 100 barriles derramados, sino 2000 barriles. De ellos 500 de petróleo y 1500 de agua de formación; b) El derrame no había ocurrido el 30 de enero, sino 10 días antes; y c) el área afectada era de aprox. 3000 m2, y correspondía, según testimonio del presidente de la comunidad Huaorani de Dícaro, con cuatro chacras de su comunidad.

A pesar de esta información, creemos que la dimensión del derrame es aun mayor. A través de varios testimonios, que por el momento no podemos revelar su identidad, se conoce que el derrame habría afectado una zona de alta vulnerabilidad; específicamente, un importante humedal innundable, que está en las cabeceras del rio Yasuni, muy cerca del Parque Nacional Yasuni. Estas señales recibidas nos permiten sacar como primera conclusión que Repsol YPF está tergiversando la información, ocultando las verdadras dimensiones del derrame, y de esta manera, evitando sanciones y penalizaciones, así como el deterioro de su ya debilitada imagen.

Por todas estas razones, la Campaña Amazonia por la Vida, exige al gobierno nacional: establecer una comisión oficial al más alto nivel, con participación de la sociedad civil, para proceder a realizar una auditoría integral de la zona afectada y de las operaciones de Repsol YPF. Se debe determinar con precisión la dimensión del derrame, las causas y responsabildades de dicho desastre, las acciones de prevención y mitigación emprendidas; y finalmente, como una acción precautelatoria, estudiar el conjunto de operaciones de Repsol para verificar si no existen otros derrames no reportados y el estado de las instalaciones y sus operaciones, ya que, como se explica, en el segundo boletín de la Subsecretaría de Protección Ambiental, el último derrame obedecería a un hundimiento de una tubería instalada hace más de 11 años.

Finalmente denunciamos como la empresa petrolera tiene un control absoluto sobre el territorio; es quien administra la gabarra de acceso, y a partir de ello, el ingreso y salida de huaoranis, estudiantes de biología, y otros actores interesados en visitar la zona. Es fundamental devolver este control al estado ecuatoriano, ya que no se puede tener a una transnacional cumpliendo estas funciones, lo que si sería tener a un estado dentro de otro.

Con estos acontecimientos, ratificamos la necesidad de declarar a las áreas protegidas del país, libres de cualquier actividad extractiva, ya que por más tecnología de punta que se utilice, los altos riesgos de este tipo de operaciones, ponen en peligro la presencia de pueblos no contactados, la cultura y sobrevivencia de los pueblos indígenas, y finalmente los importantes ecosistemas naturales que dispone el país, que son la fuente material de reproducción de la vida, de las culturas locales, y la fuente de los muchos futuros posibles para dichas comunidades y para el país en su conjunto. 

(Por * Luis Corral, el Yasuni, Fuera Repsol!, Fuera Petrobras!, Eco Portal, 08/02/2008)