España deberá aumentar en 2020 hasta el 20% la cuota de energía que consume de fuentes renovables, lo que significa duplicar la producción actual (8,7% en 2005), para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Además, tendrá que recortar de aquí a 2020 un 10% las emisiones de sectores como el transporte, la vivienda, la agricultura y la ganadería o los residuos respecto a los niveles de 2005, año que se toma como referencia.

Estos objetivos obligatorios están recogidos en el polémico paquete de medidas sobre energía y cambio climático que presentó hoy la Comisión Europea. Su propósito es poner en práctica los acuerdos alcanzados en marzo de 2007 por los líderes europeos: una reducción de un 20% de los gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990, un 20% de renovables y un 10% de biocarburantes para el transporte. Todos estos objetivos deben lograrse en 2020.

Lo que el Ejecutivo comunitario ha hecho con sus propuestas de este miércoles es repartir la carga de estos compromisos entre los Estados miembros utilizando como criterio principal el PIB per cápita y, en el caso de las renovables, también el potencial. Las propuestas todavía tienen que ser aprobadas por los Veintisiete y por la Eurocámara. El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, dijo que espera llegar a un acuerdo final a finales de año o durante el primer semestre de 2009.

En materia de renovables, los países a los que se les exige un mayor esfuerzo son Suecia (49%), Letonia (42%), Finlandia (38%), Austria (34%), Portugal (31%), Dinamarca (30%). Para Alemania la cuota obligatoria es del 18%, mientras que a Francia la Comisión le ha asignado el 23% (por encima de lo que exigía el presidente Nicolas Sarkozy), a Reino Unido el 15% y a Italia el 17%. El comisario de Energía, Andris Piebalgs, se mostró convencido de que, pese a todas las polémicas previas, "al menos 20 de los 27 objetivos nacionales serán aceptados" por los países sin más negociación y de que en el resto se logrará un acuerdo.

El Ejecutivo comunitario pretendía poner en marca un mercado para que las empresas pudieran comprar y vender certificados de renovables para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente y menos costosa posible. Pero finalmente ha atendido las preocupaciones expresadas por España y Alemania, que se quejaron de que ello podría poner en riesgo los sistemas nacionales de primas de acceso a la red y el propio cumplimiento de los objetivos.

El resultado es que este mercado se mantiene pero serán los Estados miembros los que decidan si autorizan o no a una empresa a vender certificados de energías limpias. De esta manera, los Gobiernos podrán garantizar la seguridad de suministro y el cumplimiento de los objetivos nacionales antes de permitir la venta de certificados.

Pese a las críticas recibidas, la Comisión ha mantenido el objetivo de un 10% de biocarburantes para el sector del transporte en 2020 en todos los Estados miembros. Eso sí, ha previsto una serie de salvaguardas para garantizar su sostenibilidad medioambiental. Entre ellas, que su uso suponga una reducción de emisiones de al menos el 35% en comparación con los combustibles fósiles o que su producción no amenace la biodiversidad. El comisario de Energía aseguró que este objetivo no tendrá "ningún impacto" en los precios internacionales de materias primas y que el Ejecutivo comunitario pondrá en marcha un mecanismo de vigilancia para garantizarlo.

En cuanto a los recortes de emisiones en transportes y vivienda, Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo asumen la mayor carga (20%), seguidos de Suecia (17%), Reino Unido y Países Bajos, Finlandia y Austria (16% cada uno). En cambio, los países más pobres, Bulgaria y Rumanía, podrán aumentar sus emisiones un 20% y un 19% respectivamente en relación con los niveles de 2005 para continuar con su desarrollo.

INDUSTRIAS INTENSIVAS EN ENERGÍA

Sin embargo, la mayor parte del recorte de emisiones al que se ha comprometido la UE se logrará a través del mercado de carbono, que cubre a las grandes empresas contaminantes. A partir de 2013, será la UE y no los Estados miembros la que distribuya los permisos de contaminación entre las instalaciones, y estos se irán reduciendo progresivamente hasta situarse en un 21% menos respecto a los niveles de 2005.

En el sector de la electricidad, responsable de la mayoría de las emisiones de la UE, las empresas ya no obtendrán los derechos de emisión de forma gratuita como hasta ahora sino tendrán que pagar por el 100% de los mismos a través de subastas. El resto de sectores, incluyendo la aviación, introducirán las subastas de una manera más gradual. Los ingresos, que pueden alcanzar hasta los 50.000 millones de euros en 2020, irán a parar a las arcas de los Estados miembros. Bruselas pide que dediquen un 20% de los mismos a la lucha contra el cambio climático.

No obstante, la propuesta del Ejecutivo comunitario contempla una excepción para las industrias intensivas en energía (que no aparecen definidas), que podrán obtener los permisos de emisión de manera gratuita si no se logra un acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.

El objetivo es salvaguardar su competitividad frente a los países que no aplican medidas de lucha contra el cambio climático e impedir que se deslocalicen fuera de la UE. "Si no logramos un acuerdo internacional protegeremos a nuestras empresas", resaltó Durao Barroso. Otra opción que propone Bruselas es obligar a los importadores que compiten con estas industrias a pagar derechos de emisión. En todo caso, la decisión final no se tomará hasta 2010, cuando ya se sepa si habrá o no acuerdo internacional, que es la "prioridad" para la UE.

El paquete de propuestas de la Comisión sobre energía y cambio climático se completa con una norma para impulsar la tecnología de almacenamiento de carbono y con unas directrices sobre las ayudas públicas al sector del medio ambiente.

COSTES Y BENEFICOS

Durao Barroso, explicó que el coste de este paquete será del 0,5% del PIB de la UE en 2020, es decir, 3 euros por semana por persona, mientas que el coste de no actuar sería 10 veces mayor. Además, destacó que permitirán reducir la dependencia de Europa respecto a las importaciones de gas y petróleo en alrededor de 50.000 millones de euros en 2020

También dijo que estas medidas serán "buenas para la economía europea" porque fomentarán la innovación y permitirán que las empresas comunitarias sean líderes mundiales en tecnologías limpias.

(EUROPA PRESS, Ecotícias, 23/01/2008)