Algunas organizaciones, conscientes de los graves problemas que trae aparejado la mineria a cielo abierto, han solicitado una moratoria para discutir, de forma transparente y participativa, si esta actividad es más beneficiosa para el país que el turismo rural, la forestería comunitaria o el pago por servicios ambientales promovidos por la Autoridad Nacional del Ambiente.

La explotación de minerales metálicos a cielo abierto es aquella que para su desarrollo necesita desnudar y remover el suelo para extraer el mineral que se encuentra disperso en la roca y la tierra a diferentes profundidades.

Producto de este tipo de explotación minera, hay varios problemas graves. El primero –con una afectación irreversible– es la remoción total, en cientos de hectáreas, del tesoro más rico que tenemos: nuestros bosques y la biodiversidad que albergan. Estos bosques, bien manejados, podrían sostener a cientos de familias a largo plazo mediante lo que se conoce como forestería comunitaria, modelo de aprovechamiento forestal, actualmente desarrollado exitosamente en comunidades indígenas de Darién.

El segundo problema es que al no contar el suelo con una capa vegetal, se incrementa la escorrentía de las aguas de lluvias, provocando altos niveles de sedimentación en cursos de agua, lo que acaba con la vida acuática en ríos y costas, y perjudica la salud humana. Se intensifican las crecidas de los ríos, produciéndose inundaciones y deslizamientos, y luego afirman algunos que la naturaleza "castiga".

El tercer problema –más extensivo y persistente– de la minería a cielo abierto es el llamado drenaje ácido producido en áreas con yacimientos metálicos por la simple exposición de la roca y la tierra removida del subsuelo, cuyos minerales reaccionan con el agua y el viento produciendo sustancias tóxicas para todo ser vivo, incluyendo a los humanos. Este drenaje ácido continúa produciéndose en el sitio por cientos y miles de años.

El cuarto problema de la minería a cielo abierto –en particular la de oro– es que utiliza grandes cantidades de cianuro. No importa qué tanta "tecnología de punta" promueva una empresa minera, el país no está preparado para manejar ni controlar adecuadamente estos químicos. Además, para diluir el cianuro se necesitan extraer volúmenes colosales de agua de los ríos, cambiar sus cursos y afectar el nivel de las aguas subterráneas.

Y hay más problemas: ¿qué hacer con los desechos? Para producir un anillo de oro se necesita generar alrededor de 20 toneladas de desechos tóxicos, según un estudio del 2004 de Oxfam y Earthworks, dos organizaciones mundialmente reconocidas.

Tenemos al menos dos grandes dilemas en el país. Siendo la deforestación la segunda mayor causa del calentamiento global, Panamá muy atinadamente presentó en la reciente cumbre de cambio climático una estrategia para incentivar la conservación de los bosques en la que podría pagarse 90 dólares o más anuales por hectárea conservada. Sin embargo, el mismo país regala nuestros bosques y territorio por un valor que va entre 50 centavos y 1.50 dólar la hectárea, pero para lo contrario, para devastarlos a causa de las explotaciones mineras a cielo abierto.

Otra gran contradicción es que el país promueva el turismo rural, como fórmula para reducir la pobreza, en las mismas provincias donde hoy se afectan cientos de hectáreas de bosques y se contaminan las áreas que podrían haber generado medios de vida a largo plazo. Otro ejemplo es que a partir de diciembre de 2008 Colón será puerto de embarque de líneas de cruceros por el Caribe, iniciativa lograda gracias a la promoción de nuestros ricos recursos naturales y belleza natural...

¡Como país debemos ser coherentes!
Si socialmente la minería trajera soluciones para aliviar la pobreza, no tendríamos a miles de personas en países hermanos que reclaman sufrir altos costos sociales. Por esto, organizaciones conscientes hemos solicitado una moratoria a la minería a cielo abierto para discutir, de forma transparente y participativa, si esta actividad es más beneficiosa para el país que el turismo rural que promueve el Instituto Panameño de Turismo, la forestería comunitaria o el pago por servicios ambientales promovidos por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Todo esto puede caer en oídos sordos, pero puede también calar en personas responsables de la sociedad panameña y de los gobiernos, que ante la magnitud de los impactos referidos, pueden decidir actuar visionariamente y acorde con un verdadero desarrollo sostenible.

(Por Alida Spadafora, Eco Portal, 15/01/2008)
* Alida Spadafora es directora ejecutiva de ANCON (Asociación Nacional de Conservación de la Naturaleza)