España — El gobierno francés anunció en la noche del viernes la puesta en marcha de una moratoria sobre el maíz transgénico MON 810, el único que se siembra actualmente en la UE, lo cual significa que este cultivo queda provisionalmente suspendido en el país vecino.

Esto ocurre después de varios meses de intenso debate social y político y como consecuencia de un documento entregado al gobierno por la “Alta autoridad sobre transgénicos”. Los nuevos datos científicos (que no existían cuando se autorizó el MON 810 en 1998) y las incertidumbres tecnológicas y ambientales reflejadas en el documento hacen que la única alternativa para un gobierno responsable haya sido impedir el cultivo de este maíz.

El ejecutivo de Sarkozy se acoge para ello a la “Cláusula de Salvaguardia” de la directiva sobre transgénicos 2001/18, prevista para aquellos casos en que un estado miembro disponga de datos según los cuales un organismo modificado genéticamente (OMG) constituya un riesgo para la salud o el medio ambiente.

Esta cláusula ha sido invocada hasta en diez ocasiones: tres por Austria, dos por Francia y una por Alemania, Luxemburgo, Grecia, El Reino Unido y Hungría. Con respecto al maíz transgénico MON 810, cuatro países la tienen activada: Francia, Austria, Hungría y Grecia..

“Es sorprendente para Greenpeace en España que mientras el gobierno conservador del mayor estado agrícola de la UE ha tomado esta decisión responsable, ateniéndose a informaciones científicas, el Gobierno de España ha sucumbido al poder de los gigantes de la química y los transgénicos y sigue sin mostrar valentía política para situarse del lado de los intereses de los ciudadanos y del medio ambiente”, ha declarado Juan-Felipe Carrasco, responsable de la
campaña contra los transgénicos de Greenpeace.

Los nuevos elementos científicos que han originado la decisión muestran una serie de consecuencias de los maíces tipo Bt (entre ellos el MON 810) sobre el medio ambiente y la salud, como la kilométrica capacidad de dispersión del polen de estas plantas (reconociendo la imposibilidad de evitar la contaminación a otros agricultores, un argumento que Greenpeace lleva años esgrimiendo), la generación de resistencias en insectos, plagas o efectos tóxicos sobre varios tipos de organismos presentes en los ecosistemas. Además, el documento de la Alta Autoridad aporta una serie de datos sobre insuficiencias técnicas y cuestiones no resueltas, como el cambio en la caracterización molecular de estos maíces (el gen que se comercializa no es el que se aprobó en 1998, ha variado, y por lo tanto muchos efectos sobre el medio ambiente se desconocen), los impactos sobre los necesarios insectos polinizadores, la toxicidad a largo plazo sobre seres humanos, la persistencia de las toxinas producidas, etc.

Esta decisión es altamente importante dado que, además de permitir a los legisladores franceses trabajar con toda serenidad sobre la futura ley francesa que garantice el derecho a producir y consumir sin transgénicos, permitirá a Francia trabajar para que los procedimientos de evaluación y autorización actuales de transgénicos en la UE sean realmente transparentes y antepongan el interés general al de las multinacionales del sector.

“Cuando quedan escasas semanas para el final de la legislatura, es el momento perfecto para que el Gobierno de España tomara una decisión similar y anteponga los intereses de la sociedad y del medio ambiente a los oscuros intereses de las multinacionales agroquímicas“, ha añadido Carrasco.

Recientemente en Bruselas, el Comisario Europeo de Medio Ambiente ha propuesto la prohibición de dos maíces transgénicos por los riesgos que suponen para el medio ambiente (Syngenta Bt11 y Pioneer/Dow’s 1507). Stavros Dimas ha planteado por primera vez la prohibición de dos OMG basándose en las evidencias científicas de que estos cultivos transgénicos tienen el potencial de causar daños ambientales. Ya durante la disputa comercial con Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre productos transgénicos, la propia UE argumentó que los cultivos Bt no deberían ser hoy por hoy cultivados por la falta de conocimientos sobre sus impactos ambientales en el largo plazo. “Y mientras este es el ambiente político en la UE, el gobierno de nuestro país ha tolerado y defendido la presencia de 75.000 hectáreas de estos peligrosos cultivos en nuestro territorio. Ni los datos científicos, ni el principio de precaución, ni la protección de la seguridad pública ni el respeto por el medio ambiente han llevado a la Administración a afirmar que esto vaya a cambiar en 2008”, añade Carrasco.

(Greenpeace, 13/01/2008)