Representantes de sectores sociales de El Salvador denunciaron ayer la grave crisis que existe en esta nación centroamericana sobre el acceso al agua y a su calidad, debido a la inexistencia de políticas públicas que frenen la “mercantilización abusiva” en este terreno. Armando Flores, director del Comité de Defensa del Consumidor (CDC) aseguró que “se está negociando con la sed de los salvadoreños”.

“El Salvador está peleando con Haití el deshonroso último lugar en cuanto al acceso y saneamiento del agua potable, eso nos da una idea de la gravedad de este problema”, dijo Flores a EL PAÍS, y agregó que “la causa de eso es que el agua está mercantilizada. En un país como el nuestro, de un poco más de cinco millones de habitantes, existen 89 empresas que comercializan 100 marcas diferentes de agua envasada”.

El CDC y el estadounidense Centro para las Políticas Internacionales (CPI) impulsan en El Salvador una campaña por el derecho humano al agua denominada Democracia Azul, que incluyó un seminario en San Salvador sobre las experiencias de gestión municipal de manejo del agua en España, Uruguay y Argentina, entre otras naciones.

El ejemplo español
Mientras el representante del Consorcio de la Gestión Integral del Agua de Cataluña, España, Joan Gaya, reiteraba que en su país “el derecho al agua está garantizado por la Constitución y que la gestión de los Gobiernos locales posibilitó el acceso a regiones pobres”, los activistas salvadoreños denunciaban otra realidad: los intentos gubernamentales y de poderosos capitales por privatizar el líquido.

“Vivimos, además otra situación catastrófica. Las empresas de agua envasada están vendiendo su producto a precios exorbitantes, pero pagan cantidades risibles por el agua que toman de pozos o de las instalaciones de tubería de agua potable. Los que tienen pozos pagan 6 centavos de dólar por cada 1.000 litros que extraen, pero esos mil litros los venden a 240 dólares”, señaló el director del CDC.

“Por otra parte, encontramos en la investigación que un tercio de estas empresas obtiene el agua de las tuberías y no del manto acuífero, como dicen”, denunció Flores, quien añadió que el Estado recibe “limosnas” por estos “jugosos negocios”.

(El País, 27/11/2007)