La planta ya esta ahí. No hay nada más que hacer, sino esperar a La Haya". Lo dijo ayer el presidente Néstor Kirchner en un diálogo informal con Clarín y otros medios en el lobby del hotel Four Seasons, donde se aloja en Nueva York. Para el Presidente, la solución del conflicto no llegará sino hasta el día del fallo de la Corte Internacional del Justicia, no antes del primer semestre del año próximo. "Para mí se va a resolver ahí. Hay que acatar el fallo que sea y el tema se terminó", afirmó.

La frase del Presidente precede el encuentro entre las delegaciones de los dos países, aquí, mañana, frente al canciller de España, Miguel Moratinos, en el marco de la gestión de buenos oficios de la Corona española. El Presidente no estará ya en esta ciudad, pero con su definición habrá dejado claro un dato que este diario anticipó en marzo último: la Argentina ha descartado la relocalización de la planta de la finlandesa Botnia, emplazada en Fray Bentos.

El traslado de la planta fue la hipótesis de máxima con la que el Gobierno impulsó el diálogo directo con Uruguay bajo el auspicio del rey Juan Carlos. La Argentina había conseguido el traslado de la segunda papelera hacia la zona de Colonia, al sur del río Uruguay en diciembre del año pasado, tras una negociación con la española ENCE, vía el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero. El anuncio se hizo en Buenos Aires, en la Casa Rosada, y con la presencia del presidente de ENCE, José Luis Arregui. La importancia de ese anuncio en medio del conflicto fue directamente proporcional al malestar que causó en Uruguay.

No pasará lo mismo con Botnia y el Gobierno no lo desconoce. Aunque cabe la remota posibilidad de que La Haya demande su traslado -el Tribunal advirtió a Montevideo que podría ser una de sus facultades- se descuenta que, tras la relocalización de ENCE, el impacto ambiental sobre la zona será sustancialmente menor. Dicho más claro: una planta no es igual a dos.

Botnia está en condiciones de arrancar. Pero fuentes calificadas del gobierno uruguayo admitieron la semana pasada en Madrid, durante la visita del presidente Tabaré Vázquez, que no será puesta en marcha sino hasta después de las elecciones del 28 de octubre, una aspiración del Gobierno argentino que este diario anticipó a mediados de mes. El tema habría estado presente en Colonia, en el encuentro reservado entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario de la Presidencia uruguaya, Gonzalo Fernández, principales negociadores en el conflicto.

Uruguay todavía le debe a Botnia su autorización formal para que comience a producir. La sensibilidad uruguaya ante las elecciones argentinas ha encontrado de dónde tomarse: los recientes escapes tóxicos en la planta y las fisuras en una de las piletas de filtración demorarán el permiso.

Un nuevo dato a tener presente: Tabaré podría incluso esperar a fin de año para dar su confor midad. Lo haría después de la Cumbre Iberoamericana, en noviembre en Santiago, donde se espera la presencia del rey de España, a un año de su gestión.

A Nueva York se ha venido después de la reunión en Madrid de abril pasado, donde el Gobierno, a pesar de una tenaz desmentida, ya había dado señales de que la planta es un hecho del que no se regresa. En un documento firmado por las dos partes se habló allí de "localización", sin el prefijo "re", y la creación de un sistema de protección ambiental "recíproco", impulsado por Montevideo.

Esta es otra de las cuestiones sensibles. En las negociaciones, como ha sostenido este diario, se contempla la posibilidad de ampliar el marco jurídico para la protección ambiental del río Uruguay, mediante un anexo, o similar, al tratado firmado por los dos países en los años 70. Qué tiene esto de relevante: la Argentina podría tener garantías sobre el volumen de producción de Botnia que, se sabe, son ambiciosos: fuentes de la empresa no descartaron ante una consulta de Clarín duplicar su nivel de producción, previsto en un millón de toneladas para el primer año.

En este punto la prudencia del Gobierno es atendible: la Corte de La Haya debe fallar sobre la violación uruguaya del tratado, que la Argentina defiende como instrumento jurídico de avanzada y ejemplar. Qué saldrá de aquí se desconoce aún: mientras Uruguay sostiene que la solución es un hecho, para el Gobierno parece haberse agotado el tiempo de las palabras.
(Clarin, 28/09/2007)