Cuando ya está en marcha la cosecha de maíz en España, el Gobierno no ha hecho pública la superficie de transgénicos en España para la campaña 2007. Sin embargo, Greenpeace, basándose en datos y estimaciones recibidos del sector agrario, prevé que este año se hayan sembrado entre 65.000 y 70.000 hectáreas (ha) de maíz transgénico Mon 810 cultivado comercialmente. Este cultivo supone entre un 18% y un 20% de la superficie nacional de maíz (el último avance del Ministerio de Agricultura es de 352 ha de maíz en España para la presente campaña). Esta cifra sería la más alta registrada en la década que se llevan cultivando transgénicos en España.

El Gobierno español no solamente sigue sin ofrecer datos independientes sobre estos peligrosos cultivos, sino que reconoce que no dispone de un análisis de la situación a pesar de la obligación legal impuesta por la UE. Las únicas cifras que maneja (y que no ha querido hacer públicas) son las ventas de semillas entregadas por las propias empresas del sector. Sin embargo, en el marco de la UE es obligatorio el establecimiento de unos registros públicos de los campos de transgénicos que permitan al conjunto de la ciudadanía conocer la situación de estos cultivos, en aplicación de la Directiva 18/2001 y de las normas españolas que transponen esta directiva.

"Debemos evitar que la propaganda de las empresas del sector, apoyada por el propio gobierno, nos haga olvidar los constantes episodios de contaminación de campos, los datos sobre los peligros para la salud y el medio ambiente y la falta de transparencia de un gobierno que empezó afirmando que cambiarían las cosas, pero que ha reproducido fielmente a los largo de estas cuatro campañas la línea marcada por el gobierno anterior", ha afirmado Juan-Felipe Carrasco, responsable de la campaña contra los transgénicos de Greenpeace.

El pasado mes de mayo Greenpeace presentó el informe ¿Qué cantidad de toxina Bt producen realmente las plantas de maíz transgénico MON810? en el que se demostraba el peligro que supone el cultivo del maíz transgénico Mon 810 de la multinacional Monsanto, debido a la alta variabilidad del contenido de una toxina insecticida, denominda Bt, presente en este maíz, cultivado comercialmente en España a pesar de la elevada oposición pública. Para realizar esta investigación se analizaron en 2006 más de 600 muestras de este maíz y el principal resultado fue que las concentraciones de toxina Bt en las plantas son altamente impredecibles y completamente diferentes de los niveles ofrecidos por Monsanto cuando solicitó la autorización para comercializar este peligroso maíz.

Apenas existen estudios sobre el impacto de las condiciones ambientales sobre las plantas transgénicas. Esta ausencia de información produce la impresión de que las plantas modificadas genéticamente son estables y seguras. Sin embargo, tanto los estudios sobre el Mon 810 como la información aparecida sobre la toxicidad del Mon 863 o del NK 603 (otros maíces transgénicos de la misma empresa) arrojan nuevas incertidumbres y preocupaciones con respecto a la seguridad y la calidad del maíz transgénico, y ponen en entredicho el sistema de autorizaciones de la UE. Paradójicamente, el mismo Ministerio de Agricultura afirma en su web literalmente "no existe ningún estudio científico que demuestre que estos alimentos sean perjudiciales para la salud".

Por ello, Greenpeace considera un claro signo de irresponsabilidad que el actual Gobierno no solamente siga tolerando el cultivo de las variedades transgénicas MON810, que aprobó el anterior ejecutivo, sino que siga autorizando nuevas variedades de este maíz cuando no se conoce el comportamiento de cada una de ellas. "El Gobierno debe cambiar drásticamente su política de transgénicos, paralizar las autorizaciones el cultivo de maíz Mon 810, así como toda liberación de transgénicos al medio ambiente y defender el derecho de los agricultores y de los consumidores en lugar de garantizar los ingresos del puñado de multinacionales cuyo único objetivo es ejercer su control sobre la agricultura", ha añadido Carrasco.
(Por Greenpeace/Eco Portal, 24/08/2007)